Guerra al papel en los juzgados

gra-guerra-papel--647x231Julián García Pérez y Pedro Sánchez López discutieron una noche en la puerta de un bar de Almuñécar y la trifulca terminó con unas diligencias abiertas por el juzgado y con un juicio de faltas. Sucedió un sábado de marzo de 1983, hace más de treinta años, pero el expediente que recoge aquellos hechos sigue acumulando polvo y ocupando espacio en un juzgado motrileño.

Este caso es inventado pero refleja con bastante fidelidad lo recogido en decenas de miles deexpedientes judiciales que todavía se almacenan en los archivos judiciales, que en algunos casos rozan el colapso. Para evitar ese ‘patatús’ de los archivos, la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordaron en 2011 constituir una junta de expurgo con la finalidad de destruir las toneladas de documentos innecesarios que inundan los juzgados andaluces. «Hay toneladas de papel que se han archivado y que ocupan espacio en los edificios», subrayó en su día el presidente del TSJA Lorenzo del Río.

La junta de expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de documentación y publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario.

Este órgano determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la administración competente en materia de patrimonio histórico.

«El expurgo como concepto existe desde principios del siglo XX pero hasta ahora era una tarea reservada al secretario de cada juzgado, que seleccionaba lo que se podía destruir previa autorización del juez», explica Daniel de la Rubia, secretario judicial y vocal de la junta de expurgo andaluza, que se reúne como mínimo una vez al año para los menesteres propios.

Interés judicial o histórico

Uno de los criterios principales en la selección de los documentos judiciales que se van a eliminar o archivar es su interés judicial e histórico, para lo que se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, que tiene un papel relevante en la aprobación de las correspondientes tablas de valoración. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos o bien de aquélla que posea un relieve social, económico, político o cultural.

Cada juzgado envía una relación de expedientes susceptibles de ser eliminados y dos funcionarios en cada provincia se encargan de elaborar un listado previo.

La administración andaluza concede un plazo de dos meses a las personas interesadas en esas actuaciones judiciales para que puedan recuperar aquellos documentos aportados en su día a los procesos que van a ser destruidos y cuyas referencias han sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y en la prensa.

«Hay que revisar siempre los plazos de prescripción o caducidad porque algunos procedimientos, pese a haber pasado muchos años, están en plazo para reabrirse y, lógicamente, no se pueden destruir esos expedientes», precisa De la Rubia.

Deterioro

La mayoría de los documentos que se someten a revisión corresponden a la década de los años 70, 80 y 90 «y algunos se ha deteriorado después de tanto tiempo», añade. El criterio para decidir lo que se conserva y lo que se destruye se sostiene en un exhaustivo formulario de 19 folios en los que se describe el procedimiento hasta el último detalle. Los archiveros y Cultura bareman cada expediente y redactan el informe vinculante que después pasa por la junta de expurgo. «Participan técnicos con conocimientos de documentación pero también de conceptos procesales», remarca el vocal de la junta, que cifra en dos años los necesarios para terminar el análisis de las diligencias previas y los juicios de faltas. Después, tocará meterle mano a las apelaciones.

La junta de expurgo, además de ordenar la eliminación de los documentación inútiles, traslada muestras de cada expediente a los correspondientes archivos históricos provinciales. También, de manera aleatoria, se conserva un muestreo de los años acabados en cinco.

El proceso de destrucción corre a cargo de empresas especializadas en estas labores, que concursan por la contrata y deben cumplir con los principios de confidencialidad y también con los requisitos medioambientales exigidos en el tratamiento del papel. La empresa se desplaza a cada juzgado para recoger el ‘material’ con acuse de recibo y después lo elimina.

La junta de expurgo ha iniciado la eliminación de 140.906 expedientes judiciales antiguos en la provincia de Granada, guardados en un total de 2.366 cajas. Estos expedientes se unen a los 8.770 que ya se destruyeron en una primera fase, procedentes de los juzgados granadinos, con lo cual serán ya cerca de 150.000 los archivos judiciales eliminados en la provincia.

Alineadas las cajas que se están eliminando, para tener una idea de la dimensión de la documentación por destruir en Granada, ocuparían una distancia aproximada de dos kilómetros.

Fuentes de la Consejería de Justicia detallan que los expedientes que van a ser destruidos proceden de los juzgados de Instrucción número 6 y 7 de la capital, así como de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción número 1 y 2 de Almuñécar y los números 1 y 2 de Motril.

En toda Andalucía, la Consejería ha iniciado ya la eliminación de otros 930.000 expedientes judiciales antiguos, guardados en más de 22.000 cajas. Con esta nueva destrucción serán ya más de 1,27 millones los expedientes judiciales eliminados en la comunidad andaluza pues en una primera fase fueron destruidos otros 345.000 expedientes.

De Granada a Sevilla

Según la Junta, toda la documentación sin valor que almacenan lo archivos judiciales de Andalucía ocuparían, si fuesen alineadas sus cajas, una distancia igual que la existente entre Granada y Sevilla.

Las mismas fuentes destacan que el objetivo fundamental de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales, así como «profundizar en el proyecto de modernización de los archivos judiciales para potenciar la progresiva eliminación de documentación que no tiene ningún valor y avanzar en el camino hacia una justicia digital y sin papeles». De esta forma, se logra un ahorro de costes y de tiempo, y se contribuye a la protección del medio ambiente.

Este proyecto se incardina también en un «modelo único de tratamiento y gestión documental», que haga posible el control y acceso a la documentación judicial desde su creación hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.

En esta línea de trabajo se encuentra el proyecto JARA, implantado por la Junta en Sevilla y que se va a extender en un futuro a Granada y al resto de Andalucía, para gestionar los archivos de documentación judicial.

Fuente: Ideal.es

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